¿Cómo vamos trabajando?

Después de los acuerdos que llevaron a la creación de la Agenda 2030, quedaron reflexiones sobre las acciones que siguen sin ser llevadas a cabo, a pesar de la presión que ejercen los organismos internacionales como el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo. En México, después de la toma de protesta del presidente Andrés Manuel López Obrador en diciembre del 2018, aún no se ven cambios prometedores a favor de los objetivos del acuerdo, mucho menos en materia de trabajo decente y desarrollo económico.

Claramente no todo es culpa del señor presidente: la mala calidad del trabajo es algo que se ha convertido en parte de la cultura. En una nota de Proceso se menciona que “en los últimos 20 años se han normalizado las malas condiciones del trabajo y el impacto en la salud es, en muchos casos, irreversible” (Vicencio, E. Proceso (abril, 2019), y de acuerdo a los estudios mencionados, entonces ya no es sólo una problemática económica, sino también social y de salud. El trabajador social realiza su labor en estos sectores, y son situaciones en las que se tiene que servir de mediador entre el empleado y el jefe. No quiere decir que todo sea culpa de la explotación, o que los jefes sean personas crueles que abusan de sus empleados con horarios extensos y cargas excesivas de trabajo, pero con la inflación y el salario mínimo rondando los $110-120 pesos, el trabajador termina pidiendo que se le explote a fin de tener suficiente dinero qué aportar a sus hogares.

Pero en este caso, ¿qué tanto puede hacer el trabajador social si la empresa no puede pagar mucho más y el trabajador lo necesita? Claro que el gobierno puede implementar medidas que apoyen a estos sectores, y es ahí donde el trabajador social puede solicitar los recursos presentando las bases que comprueben el origen de la necesidad de los trabajadores y, en parte, de la empresa. Pero, el objetivo #8 no sólo habla sobre el trabajo, sino también en reducir el impacto de la industria al ambiente. Recientemente, la política energética de López Obrador provocó incertidumbre en el sector de las energías renovables, comenzando por la eliminación de mecanismos de energías verdes que prometían ser el instrumento clave para alcanzar el 35% de energías limpias para el 2024 (El País, 2019), causando que en septiembre de este año se desplomara la inversión de este sector (Forbes, 2019).

En cambio el gobierno ha apostado por la construcción de la refinería Dos Bocas, con una autorización condicionada por ASEA (Milenio, 2019), en el que se exige proteger las zonas de manglar, realizar monitoreo de calidad del agua superficial y subterránea y un monitoreo de las instalaciones susceptibles a inundarse por huracanes, erosión costera e incremento de nivel del mar”… “se prohíbe interrumpir y desviar cuerpos de agua, proteger el flujo hidrológico del manglar, realizar bordos, rellenos o construir infraestructura que pueda desecar el humedal.”

Para concluir, es labor del trabajador social fuera del área empresarial y gubernamental, crear conciencia en la ciudadanía y mantenerlos informados sobre las medidas drásticas que dañan al ambiente y al desarrollo económico. Claramente, frente a tomas de decisiones extremas, se vienen consecuencias extremas en las que la inversión extranjera se desploma, por ejemplo. Es labor del trabajador social, colaborar en políticas públicas que contrarresten estos impactos y contribuyan a los objetivos de la agenda 2030.